Durante la maratónica sesión de ayer en el Senado el gobierno introdujo algunos cambios de relevancia en el proyecto para el canje de deuda. El más llamativo fue la introducción de Francia como una de las sedes posibles para el pago, una iniciativa que había propuesto antes el Frente Renovador de Sergio Massa.

Y es que el proyecto original planteaba sólo la autorización par abrir una cuenta en el Banco Nación Fideicomisos para depositar el dinero del 100% de los bonistas, tanto los que entraron en el canje como los buitres.

Sin embargo, hubo otras dos modificaciones que pasaron desapercibidas.

La primera de ellas fue la declaración de interés público al canje de deuda de 2005 y 2010, lo que pone a los títulos emitidos durante esos años en un nivel que no tenía hasta ahora.

Tal como explicó la senadora Liliana Negre de Alonso, “este interés u orden público pasa por encima de los intereses particulares y está más allá de cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de auditoría”. “Se considera tan importante ese hecho o acto jurídico o acto administrativo que el Congreso de la Nación lo declara de orden público”, detalló la legisladora del peronismo opositor.

Un abogado especializado en el tema señaló a LPO que con este cambio "la Justicia argentina está más obligada a fallar a favor de la Argentina", ratificando su decisión de marzo de que el fallo de Griesa no es aplicable en el país.

Por otro lado, "Kicillof va a tener poderes consentidos por el Congreso", añadió el abogado.

Lo curioso es que la segunda modificación crea una comisión bicameral para el seguimiento “del origen y pago de la deuda externa” desde 1976, un pedido de los radicales de larga data.

De esta manera, el kirchnerismo levantó la bandera del investigador Alejandro Olmos Gaona, quien en una entrevista con LPO recordó el origen fraudulento de la deuda externa, iniciada con supuestos desembolsos que finalmente nunca se hicieron. En 2012, el historiador le envió una carta a Cristina con los detalles de su trabajo para aportar datos en la pelea con los fondos buitre. La misiva fue respondida por el secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, quien le agradeció por su esfuerzo pero se justificó diciendo que “el Congreso no había hecho nada”.

Negre de Alonso planteó las contradicciones durante la sesión: "Se declara de interés público los canjes pero se crea una bicameral para investigarlos", apuntó. Recordó que el recordado default declarado por Adolfo Rodríguez Saá buscaca justamente verificar la legitimidad e la deuda, cuestionada en un fallo del juez Jorge Ballestero, que la declaró “ilegal e ilegítima” a partir de la denuncia de Alejandro Olmos padre.

Lo cierto es que si la bicameral llega a entrar en actividad, la Argentina no será el primer país en investigar su deuda externa. Ecuador lo hizo en el 2009 de la mano de Rafael Correa, en un proceso que contó con el aporte de Olmos Gaona.

Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, expulsó a los enviados del FMI del Banco Central de Ecuador, creó una Comité de Auditoria que concluyó que una gran parte de la deuda de gobiernos anteriores era ilegitima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos de Ecuador.

Así, el Gobierno ecuatoriano declaró el cese de pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos. Ante el default, los acreedores de Ecuador sacaron al mercado, con valores muy bajos -sobre el 20% de su valor-, los títulos de deuda soberana. Correa, en forma secreta, utilizó 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de su propia deuda lo que supuso una reducción de su deuda real y de los intereses lo que pudo suponer un ahorro de unos 7.000 millones de dólares para Ecuador.